Hacienda registra las sedes de Google en Madrid por sospechas de evasión de impuestos

Agentes de la Agencia Tributaria están registrando las sedes de Google en Madrid, situadas en la Torre Picasso y Campus Madrid, por sospechas de elusión fiscal en España. 

Un portavoz de la compañía ha confirmado a elEconomista.es que están «cooperando con las autoridades en España para responder a todas sus preguntas, como siempre» al tiempo que reafirman en que «cumplimos con la legislación fiscal en España, al igual que en todos los países en los que operamos.

Efectivos de la Agencia Tributaria se han personado esta mañana a primera hora en las oficinas de Google en la Torre Picasso de Madrid, así como en el Campus que tiene la compañía en el centro de la capital. Tras la llegada de los agentes de la Agencia Tributaria, se ha prohibido el acceso desde el exterior a la sede, así como que cualquier persona salga de las instalaciones, según testigos presenciales.

El acceso de los agentes en las sedes madrileñas del grupo se encuentra en torno a una investigación que lleva a cabo la propia Agencia Tributaria. Una actuación que fue solicitada por Hacienda al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid el pasado 27 de junio, explican fuentes judiciales a elEconomista.es.

Dichas fuentes señalan que la actuación del juzgado en este asunto se agota en el acto de registro y no tiene previsto realizar ningún tipo de actuación más al tratarse de una investigación que lleva a cabo la propia Agencia Tributaria.

Tras casos en Europa

Las sospechas de Hacienda con respecto al gigante de Internet residen en que Google aprovecharía su sede irlandes para tributar a través de ella parte de la actividad que realiza en España. Un caso similar al que sucedió el pasado mayo en Francia, donde la administración gala reclamaba un total de 1.600 millones de euros en impuestos a la compañía norteamericana.

Precisamente, el pasado mes de enero Google y el gobierno de Reino Unido llegaron a un acuerdo por el que la compañía tecnológica se comprometía a pagar 166 millones de euros en concepto de impuestos atrasados correspondientes a un plazo comprendido entre los años 2005 y 2015. Tras firmar dicho acuerdo, fue la Hacienda italiana la que reclamó a la compañía el pago de 227 millones de euros por el mismo concepto, en periodos comprendidos entre 2009 y 2013.

fuente: elEconomista